Columna: El PRI-Gobierno debe ser solidario con las víctimas

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Han pasado prácticamente quince días de que el temblor del martes 19 de septiembre sacudiera el centro del país, dejando al descubierto que la solidaridad del pueblo mexicano sigue siendo un factor que nos identifica como país.

Casi de manera inmediata a la tragedia, surgió una petición ciudadana que recabó cientos de miles de firmas, en las que se solicitaba a través de la plataforma change.org que los partidos políticos dejaran de percibir financiamiento público, para que este dinero se repartiera entre los damnificados por el terremoto.

El Partido Acción Nacional, a través de nuestro presidente Ricardo Anaya, fue el primero que dijo sí a esta propuesta emanada de la ciudadanía. De manera inmediata, el Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, PRD y MC, fijaron una postura contundente en la que aceptaban re asignar el presupuesto destinado a los partidos políticos, para que éste fuera utilizado en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Pero la propuesta del PAN no paró ahí, si bien es cierto que utilizar el dinero de los partidos políticos serviría de mucha ayuda, también es cierto que el país entero debe entrar en una etapa de austeridad, que permita enfocar nuestros esfuerzos en la reparación de los daños, para evitar que cientos de familias sigan viviendo en las calles con el temor de que se derrumben sus viviendas.

El Fondo Nacional de Desastres y el financiamiento de los partidos políticos no alcanzará para el tamaño de la tragedia a que vivimos hace unos días. Por eso el dirigente nacional del PAN también exigió que se hicieran recortes de publicidad del Gobierno de la República, telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores con empresas privadas, gastos de representación, entre otros, que permitan hacer una bolsa mayor en favor de los mexicanos en desgracia.

Le exigimos al Gobierno Federal que de manera inmediata renuncie a los privilegios que tienen al pagar con dinero del presupuesto. México necesita de cada peso que no sea indispensable para el funcionamiento del gobierno, a la par de que debemos estar vigilantes de que los recursos de la Presidencia de la República no sean destinados al PRI, una vez que éste ha anunciado, de manera oportunista, su renuncia al 25% del presupuesto que resta de este año.

No es asunto menor que la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos estén atravesando por una situación de emergencia. Esos estados nos necesitan unidos, y necesitan también una respuestas inmediata a las diversas peticiones que están realizando a través de diferentes medios.

Acción Nacional ha anunciado un plan de austeridad en el que ya se ha depositado a la cuenta correspondiente la cantidad de 50 millones de pesos, que para el primer trimestre del 2018 serán 200 MDP, en tanto que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se está quedando con el personal mínimo que permita al partido cumplir con sus obligaciones estipuladas en la ley.

La iniciativa presentada por el Frente Ciudadano por México, entraría en vigor de manera inmediata, toda vez que se trata de una iniciativa de reforma constitucional, y no hasta el 2021 como se ha planteado con la finalidad de desinformar.

Lo que queda ahora es que los recursos que por ley le correspondían a los partidos políticos, sean utilizados de manera transparente y en favor de quienes más los necesitan. No nos extrañaría que una vez más, acostumbrados al oportunismo del PRI-Gobierno, beneficie a un grupo de constructores que inflen las cifras y se roben el dinero de los damnificados.

El PAN ha propuesto que para evitar el desvío de recursos, proponemos la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional que es una propuesta del Frente Ciudadano por México, mismo que sería una auditoría ciudadana que garantice el uso transparente de los fondos, donaciones y re asignaciones presupuestarias que se den entorno a los lamentables hechos ocurridos en septiembre.

Desde Tlaxcala haremos lo propio para contribuir con la reconstrucción de México. Iniciaremos con un plan de austeridad estatal, de tal forma que nos permita cumplir con los mandatos que por ley estamos obligados a cumplir.

Una vez más, agradezco el favor de su lectura.

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